El derecho a lo torcido

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lunes, 25 de mayo de 2009

Caamaño y su redescubrimiento de la pólvora

Nos tenemos que remontar muchas décadas atrás para recordar el pago de tasas judiciales como mecanismo de contribución al excesivo gasto de la Justicia. Que paguen los que la usan, era el fundamento. Pues que paguen, que parece razonable.

La desaparición de dichas tasas como mecanismo de copago para sufragar el sistema judicial fue una de tantas medidas desarrolladas por el gobierno socialista en su primera reelección, y hasta principios del nuevo siglo no se volvió a hablar de la necesidad de rescatarlas del olvido.

Y aparecieron de la mano de la derecha y de una forma ciertamente popular, ya que sólo se cobrarían a las grandes empresas litigantes en la medida en que declarasen unos beneficios desorbitados, con lo cual resultaba del todo razonable cobrar a los que más tienen cuando usaban de la Justicia, y de ese modo contribuir a reducir el gasto público. Resulta curioso, pero era una eficaz medida de la derecha que gravaba al capital.

Ha tenido que volver la izquierda al poder para ampliar el alcance de las tasas judiciales a todos los ciudadanos, y he ahí que el ministro Caamaño con una de sus filigranas de chistera nos saca el conejo de la tasa para interponer recursos judiciales.

Se dice que de este modo se reducirán los recursos interpuestos, aquellos meramente dilatorios y sobre los que no se alberga esperanza alguna, salvo retrasar la firmeza de la sentencia. Y que ese dinero se destinará a modernizar la Administración de Justicia.

Yo disiento.

De un lado, porque quien posee recursos suficientes va a seguir recurriendo y poco le va a importar pagar un plus adicional, que se dice reducido. Pero desgraciadamente, quienes no poseen suficiencia económica, van a ver mermadas sus economías por el mero hecho de pagar la nueva tasa. Y es que a quien le sobra el dinero no le importará pagar tasa, y a quien le resulta escaso, va a resultarle más oneroso el coste de que le den la razón sobre lo que ya la tenía.

De otro lado porque la medida es un engañabobos que sólo persigue que los usuarios costeen la modernización de la Justicia.

Vamos a ver, si yo interpongo un recurso dilatorio (que es lo que pretende evitar la tasa) sé que me van a imponer una condena en costas que beneficiará a la otra parte. ¿Acáso me va a disuadir de interponer un recurso dilatorio la existencia de una tasa reducida cuando ya sé que voy a pagar las costas de esa segunda instancia?

Las costas van a ir para la parte contraria, y la tasa, para Caamaño.

Ministro, no nos tomes el pelo, que ese conejo de la chistera es de trapo.

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