El derecho a lo torcido

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domingo, 17 de abril de 2011

La sentencia de la operación Ballena Blanca: la confirmación de otro bluff judicial

En este enlace podreis descargarla para disfrutar muchos días de lectura interesante, y es que sus más de 500 folios son casi una tesis doctoral sobre cómo no se debe instruir en España (o mejor dicho, en ninguna parte, pues esta instrucción es vergonzante para cualquier país que se haga llamar democrático):

http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/media/201103/31/espana/20110331elpepunac_3_Pes_PDF.pdf

Medio centenar de personas detenidas, encañonadas delante de su propia familia, mientras algún advenedizo se encargaba de avisar a periodistas en una causa judicial secreta, para que estuvieran cámara en mano pendientes de los registros y detenciones en una despreciable actitud que está muy lejos de lo aceptable en cualquier estado democrático.

La labor policial es encomiable cuando se centra en el trabajo honesto y discreto en defensa de todos nosotros, pero especialmente indigna cuando se desempeña con exhibición pública de abuso de poder, y en este caso se detuvo a más de 30 personas
sin justificación alguna y se les hizo dormir en calabozos, hacinadas e insultadas, como relatarían en el juicio, debiendo recibir algunas de ellas tratamiento psiquiátrico posterior (sí, psiquiátrico, que no psicológico).

Con hijos, padres y cónyuges en un estado de lamentable sufrimiento, notarios atrapados y esposados delante de su familia para luego no ser siquiera acusados (de los 30 humillados, 19 serían acusados, y de ellos, 5 condenados).

Nadie ha pedido una disculpa: ni Policías, ni Jueces, ni Fiscales.

Todos silban y miran para otro lado.

El Fiscal se ha limitado a espetar a los medios que recurrirá la Sentencia.

Está claro que el "Código Penal para principiantes" que leen en las academias de Policía no basta ni justifica que todo aquello que pareciere un delito, se considere delito, se detenga y se humille a los ciudadanos, y para el caso de que no sea delito lo que consideraron como tal, quede la excusa de que ya pondrá el Juez al ciudadano en libertad tras 72 horas de cautiverio...

La natural (y legitima) tendencia policial a la incriminación fácil debe ser templada por un fiscal que pondere muy mucho las opiniones que se le presentan, y a su vez, la iniciativa del Ministerio Público debe estar acotada y valorada por un Juez imparcial.

Cuando Policías, Fiscal y Juez pasan a ser la misma cosa, hay una grave quiebra del sistema democrático.

Léase en la sentencia que se ha intentado criminalizar, desde la base de la más absoluta y agresiva ignorancia, la tenencia y existencia de empresas con domicilio social en el estado norteamericano de Delaware. Afortunadamente, la Sentencia concluye que “es un hecho que ni USA ni Delaware tienen la consideración de paraísos fiscales ni han sido oficialmente considerados no cooperantes”.

Cuando eso no lo sabe la Policía (más entusiasmada en la investigación que en confirmar la verosimilitud de sus fuentes), ni el Fiscal (abrumado por una investigación que hace suya), ni el Juez (que lejos de ser un equilibrio, rueda y se ubica junto a la inteligencia policial), no podemos sino calificar de vergonzante la Justicia que tenemos.

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